El indudable éxito de la cobertura sanitaria en Chile para las grandes ciudades no ha ido a la par de manera absoluta con los servicios de las áreas rurales, subsistiendo todavía algunas deficiencias técnicas y vacíos legales que es preciso mejorar.

Para el desarrollo de este segmento, en el cual no es posible incorporar mecanismos de mercado tradicionales, el instrumento más eficiente hasta hoy ha sido el Programa Nacional de Agua Potable Rural, creado en 1964 bajo el amparo del entonces ministerio de Salud Pública y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El programa de Agua Potable Rural demostró, desde sus inicios, ser eficiente para enfrentar el problema de localidades poco concentradas, a la vez que en los últimos años ha registrado un importante crecimiento. Hacia fines de 2004, las cooperativas y los Comités de Agua Potable Rural (CAPR), actualmente bajo la supervisión de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (DGA), habían canalizado recursos por $384 millones, destinados principalmente a abastecer de agua potable a comunidades de las regiones VI, VII, X y Metropolitana. El programa ha mostrado un crecimiento sostenido del abastecimiento a través de red pública, hecho que probablemente se relaciona con una disminución significativa de la tasa de mortalidad infantil en las zonas de baja densidad poblacional.

No obstante estos avances, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su Plan de Gestión de los Recursos Hídricos, ha diseñado una serie de modificaciones -contenidas en un proyecto de ley- para los CAPR. En lo primordial, estas modificaciones se relacionan con el marco legal y con el propósito de dar un empuje definitivo a este sector, estableciendo lineamientos y condiciones que signifiquen un trabajo más profesional y riguroso y que, por tanto, termine con la problemática del abastecimiento de agua en las zonas rurales del país.

El desafío de crear una nueva institucionalidad, que se constituirá como Servicios Sanitarios Rurales, establece tres líneas de trabajo a través de las cuales el MOP pretende cambiar radicalmente la estructura del actual sistema de Agua Potable Rural (APR). En primer término se plantea un cambio de la normativa vigente; en segundo lugar, se establece un sistema de asesorías que considera no sólo las ofrecidas por la empresa sanitaria regional, sino también un registro de consultoras. La tercera línea de trabajo considera destinar nuevos fondos al proceso de mejora y renovación de la infraestructura, de manera de proyectar la vida útil de las instalaciones.

Estas decisiones buscan responder a los desafíos que se ha planteado el Ejecutivo como forma de subsanar la serie de vicios que actualmente tiene el sistema, desafíos que abarcan diferentes escenarios, relacionados con la infraestructura técnica y con las relaciones hacia y entre los CAPR. Este último aspecto es importante considerando el potencial social de los CAPR, más si se tiene en cuenta que éste podría ser catalogado como el mayor fenómeno de asociatividad del país, por cuanto existen más Comités de Agua Potable Rural que Juntas de Vecinos y Clubes Deportivos debidamente inscritos.

Clemente Pérez, subsecretario de Obras Públicas, destaca que dentro de los objetivos que atraviesan estas tres líneas está fortalecer y empresarializar los comités APR: "Existe una visión positiva de los comités, pero también es necesario reconocer que tienen algunas debilidades, no respecto de su gente sino más bien institucionales. No puede ser que si hay un usuario que no paga, no se le pueda cortar el suministro; además, existe escasa fiscalización, incertidumbre sobre la propiedad de los bienes y carencia de normas técnicas adecuadas a la realidad rural, entre otros aspectos".

Lo anterior está unido a otros objetivos, como la necesidad de aumentar la cobertura y calidad, esto último directamente relacionado con la problemática del saneamiento. Clemente Pérez comenta que existen iniciativas que han implementado sistemas de alcantarillado y tratamiento, pero "hemos tenido muchas experiencias negativas al respecto, porque se requieren mayores caudales, mayores instalaciones y sistemas de tratamiento que respondan a las necesidades específicas". Por el momento, este tema tiene para el Ejecutivo un carácter exploratorio, sobre todo porque la autoridad considera que es necesario ir desarrollando la tecnología adecuada.

Otro desafío estaría dado por zanjar el problema de las localidades desconcentradas, es decir, las que tienen menos de 15 habitantes por kilómetro de calle. Según Pérez, "lo importante de las iniciativas que se tomen en este plano es que sean socialmente rentables, ya que el problema de las localidades desconcentradas es que muchas veces -al ser tan dispersas- registran dificultades en el momento de obtener el análisis de rentabilidad social que exige el Gobierno; por lo tanto, éste todavía es un tema sensible".

Nueva política para el sector

Dentro de las transformaciones que se plantean para los APR, tal vez las más importantes están relacionadas con los cambios normativos en dos áreas. Por una parte, la reforma al Código de Aguas, actualmente en trámite legislativo, que considera normas que tienden a favorecer la constitución de los derechos de agua en favor de los APR y, por otra, el proyecto de ley sobre Servicios Sanitarios Rurales que busca fortalecer al sistema de APR para que éstos tengan mayores derechos y, por consiguiente, mayores obligaciones.

Dicho proyecto, además, crea un registro de operadores sanitarios rurales administrados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS); crea las concesiones sanitarias rurales para sectores con un mínimo de 400 arranques de agua potable y por un plazo de entre 15 y 20 años; exige a los CAPR constituirse como cooperativa o sociedad anónima, con giro principal "provisión de servicios sanitarios rurales" de manera que puedan postular a una concesión; otorga a la SISS facultades normativas y fiscalizadoras y establece qué tarifas serán fijadas por Decreto Supremo (DS), las cuales cubrirán costos de explotación, mantención y reposición.

Según el subsecretario de la cartera, este proyecto "viene a solucionar un problema muy importante hoy en día, considerando que existen 1.500.000 personas en Chile que toman agua potable gracias a la estructura desarrollada en torno del Agua Potable Rural y que actualmente no existe ninguna normativa que regule este mecanismo. Por un lado están las empresas sanitarias consolidadas y, por otro, están estos comités que se sostienen sobre la base del voluntariado, de modo que se necesita una empresarialización, que los comités se transformen en empresas a las que la gente también pueda exigir por el servicio".

Clemente Pérez señala que si bien el proyecto otorga muchos beneficios, no ha sido un tema fácil de tratar a nivel de los comités, sobre todo porque muchos de ellos argumentan que hablar de concesión sanitaria rural es privatizar el sistema.

Al respecto, el personero del ministerio de Obras Públicas advierte que "los Comité de Agua Potable Rural tienen un caracter privado, no son estatales. Por lo tanto, lo que se está haciendo es un importante esfuerzo por fortalecer esta estructura, potenciando que ellos sean propietarios de una concesión".

Además, destaca como una característica importante del proyecto de ley el sistema de incentivo a la inversión, puesto que actualmente un CAPR tiene la facultad de invertir, pero cuando su zona es considerada área urbana existe la posibilidad de que sea declarada como concesionable para las empresas sanitarias. Por lo tanto, bajo la actual estructura, todo el trabajo previo realizado en pro de mejorar su sistema puede perderse en manos de quien se adjudique la concesión.

Otra característica apunta a lograr economías de escala. Clemente Pérez señala que en la medida que varios comités se junten y trabajen coordinadamente, es posible obtener reducciones de costos importantes que pueden ser traspasados a la gente, desde, por ejemplo la compra del cloro hasta las asistencias técnicas.

Registro de consultores

Una segunda transformación tiene que ver con la creación de un registro de empresas consultoras que signifiquen apoyo técnico en gestión y capacitación para los CAPR. El objetivo es contar con empresas que asistan a los comités, no sólo en el levantamiento de un proyecto, sino también en la constitución, personalidad jurídica y cumplimiento de los requisitos que establece el proyecto de ley.

Clemente Pérez enfatiza que la creación de este registro reviste especial importancia ya que se diversifica el mecanismo de licitación, ampliándose a otras empresas que también presten dichos servicios; es decir, "si antes sólo la sanitaria era la que cumplía el rol de asesoría, ahora tendrá que competir con otras empresas para poder desarrollar ese trabajo".

Este registro es una figura independiente de la norma, por ello, aún cuando la ley no haya sido aprobada, se espera que esté constituido para el segundo semestre de 2005.

Diversificando los fondos

Un tercer y último elemento a destacar, y que estará presente en el proyecto de ley, se relaciona con la idea de que exista un fondo destinado a apoyar a los actuales comités en las ampliaciones y mejoras de los sistemas.

Esto debido a que actualmente el 77% de los 1.400 comités se constituyeron entre los años 1990 y 2004, por lo que existe una gran cantidad de sistemas de APR relativamente nuevos. Esto, a juicio del subsecretario es positivo, pero representa un desafío ya que todas estas inversiones que se han realizado tienen una cierta vida útil, lo que significa que "vamos a tener una gran demanda, ya no por sistemas nuevos, sino por mejoramiento y ampliación de sistemas existentes".

La idea de la destinación de fondos está dividida en dos aspectos. El primero tiene que ver con la creación de un fondo al cual los comités puedan postular de manera que se apoye la inversión necesaria para mejorar y ampliar los actuales sistemas. El segundo está relacionado con un alza en el presupuesto de los APR para 2005 que corresponde a un incremento cercano a un 25% respecto de 2004, lo que significa un alza de 11 mil a 14 mil millones de pesos. "Esto también plantea un desafío", según señala el subsecretario, "ya que en 2005 deberíamos llegar al 100% de cobertura en localidades concentradas".

FUENTE:www.ecoamerica.cl