El Comité de Agua Potable Rural de Caimanes ubicado en la localidad del mismo nombre de la comuna de Los Vilos, IV Región, ha mantenido en los últimos años una férrea defensa por sus derechos de aguas, que se encuentran legalmente constituidos, (2,5 lts/seg, ampliados a 8 lts/seg recientemente). Con esta cantidad de agua, extraída del estero Pupío, abastecen a una población cercana a las 1.200 personas de la comunidad de Caimanes. La comunidad de la zona está en alerta por todo el daño que pudiere causarles la cuprífera Los Pelambres con los futuros relaves, debido a la intervención del cauce de este estero y que en forma inmediata se refleja en una baja de niveles.

Hace semanas el diario electrónico El Mostrador, así informaba sobre esta situación:

La instancia ética dispuesta por organizaciones ciudadanas, responsabilizó a Minera Los Pelambres de "la destrucción del sistema hídrico natural y de un ecosistema único".

Paralelamente, censuró a la minera del Grupo Luksic "por haber continuado los trabajos a pesar de una decisión judicial que anula la autorización", en relación con el fallo de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en noviembre de 2006 anuló el permiso ambiental otorgado anteriormente por la Dirección General de Aguas (DGA), a causa de que la firma no acredita derechos de aprovechamiento de agua y no asegura que los recursos hídricos permanecerán libres de contaminación por metales pesados y relaves mineros.

Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, opina que la minera "buscó sustituir ficticiamente el derecho de los regantes locales sobre una fuente natural y segura -el Estero Pupío, que es destruido con este proyecto-, a cambio del suministro de un tranque de cola, dependiente de la pluviometría anual en una zona de lluvia escasa y donde el agua se extrae de napas subterráneas, amenazadas hoy por metales pesados".

En tercer término, el fallo manda "exhortar a Minera Los pelambres y los organismos gubernamentales pertinentes la cancelación inmediata y definitiva de las obras de construcción del tranque El Mauro por los daños presentes y futuros".

En cuanto a recomendaciones, la sentencia emitida este jueves 11 de octubre pide "ejecutar una evaluación independiente y participativa, financiada por la empresa, respecto al grado y reversibilidad del daño causado al sistema hídrico natural y a la población afectada; elaborar y ejecutar por parte del Estado de Chile y con la participación de las comunidades afectadas, un plan de reparación integral de los daños, de tal manera que el fundo recupere en la medida de lo posible su estado original, costeado por la empresa".

Finalmente, demanda "indemnizar, por parte de la empresa y eventualmente el Estado, los daños ecológicos, perjuicios a la población y a los sitios arqueológicos", en este último caso, debido a que el denominado Proyecto Integral de Desarrollo significó la remoción de más de un centenar de sitios patrimoniales de origen diaguita, incaico y molle, con data superior a los dos milenios.

 

Fuente: www.elmostrador.cl